Varios negocios en el municipio de Coamo fueron multados por personal del Departamento de Hacienda durante un operativo efectuado ayer, domingo, en el que también participó la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Salud.
Entre los establecimientos que fueron sancionados figura La Cuchillita Café, que ubica en la carretera PR-150, por, alegadamente, no cobrar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a sus clientes ni incluir el desglose de este arbitrio en el recibo de compras.
Asimismo, el negocio fue multado por no tener un rótulo referente a la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Otro local que fue sancionado por el personal de Hacienda fue El Clandestino, localizado en la carretera PR-153, donde las autoridades tampoco encontraron rótulos para estipular que no se puede despachar bebidas embriagantes a menores, y se expidieron otras dos multas por máquinas traga monedas.
En el caso de el negocio La Parrilla, que ubica también en la PR-153, se expidieron multas por documentos vencidos, no cobrar el IVU, no tener una persona designada como administrador en el local, no tener un rótulo relacionado a embarazadas.
Se indicó, además, que en este local se ocuparon dos botellas de licor debido a que no tenía el sello requerido por ley.
Mientras que, en el restaurante El Tahúr, localizado en la calle Buenos Aires, se expidieron multas por el cartel de sobre la prohibición de bebidas alcohólicas a menores, otras cuatro por máquinas traga monedas y una quinta por no tener una persona designada como administradora.
Asimismo, en el negocio Nueva Parada también fue multado por no cobrar IVU ni incluir el desglose relacionado a este impuesto en el recibo, no contar con un administrador o administradora, y no tener visible un rótulo para estipular que no se puede despachar alcohol a menores.
Todas las multas son de $500.
Por su parte, la Policía de Puerto Rico, expidió siete boletos por diversas violaciones a la Ley 22 de Tránsito, detuvo a una persona por conducir en alegado estado de embriaguez y multó a una persona por violar la orden ejecutiva vigente relacionada a la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
