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Tribunal Supremo ordena contar todos los votos a favor de Edgardo Cruz en Guánica

12 de enero de 2021 - 4:58 pm Modificado: 13 de enero de 2021 - 5:30 am

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó que se cuenten todos los votos por nominación directa a favor de Edgardo Cruz Vélez para la alcaldía de Guánica.

De esta manera, el máximo foro judicial del país confirmó la sentencia del tribunal superior a favor de Cruz Vélez y que fue impugnada por el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Ismael Rodríguez Ramos.

En esencia, el Supremo ordenó que se cuenten a favor de Cruz Vélez aquellos votos en que no se escribió su nombre completo o se hizo con errores, y en los que el elector no hizo una cruz en el rectángulo al lado del nombre.

El Supremo concluyó que debe prevalecer la intención del elector y afirmó que no hay intención más inequívoca que escribir el nombre de una persona en la papeleta, aunque no sea en el lugar indicado y sin las marcas estipuladas por el Código Electoral aprobado por la administración del Partido Nuevo Progresista varios meses antes de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020.

“En fin, en los casos ante nuestra consideración surge claramente de la papeleta que el elector quiso votar por nominación directa. De ninguna manera, puede decirse que sustituimos el critero del elector, cuando lo que hacemos es adjudicar el voto a favor de la persona que ese elector escribió en la papeleta. Por los fundamentos antes expuestos, se confirman las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia conforme a lo aquí resuelto”, lee la opinión mayoritaria redactada por el juez asociado Erick Kolthoff Caraballo.

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez emitió una opinión de conformidad; el juez Luis Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad a la cual se unió la jueza Mildred Pabón Charneco; y el juez Angel Colón Pérez emitió una opinión concurrente.

Entretanto, el juez Rafael Martínez Torres emitió una opinión disidente por considerar que Rodríguez Ramos hizo un reclamo a destiempo y que lo que procedía era impugnar la elección si la CEE no lo certificaba ganador.

En su escrito, el juez Martínez Torres estipula que “el peticionario [Rodríguez Ramos] no especificó la cantidad de votos que está impugnando” y que “se desconoce el efecto de esto -si alguno en el escrutinio de Guánicay nada en el expediente arroja luz sobre esto”.

“Según el Código Electoral de 2020, el peticionario debía demostrar que los votos en disputa alterarían el resultado de la elección. Precisamente lo que se buscaba mediante estos recursos era eludir ese requisito y lo lograron. Nada justificaba certificar estas controversias que, al parecer, de lo que realmente tratan es de un candidato que –“por si acaso”- impugnó la elección en la que eventualmente resultó ganador. Esto solamente pasa en Puerto Rico”, planteó Martínez Torres.

Cabe señalar que aunque el caso estaba ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones certificó como alcalde de Guánica a Rodríguez Ramos y este juramentó ayer al cargo junto a la Asamblea Municipal.

Procede ahora que se cuenten los votos en controversia, que ninguna de las partes ha dicho cuántos son, para saber si estos mantendrían la ventaja de Rodríguez Ramos o le darían la victoria a Cruz Vélez.

Lo que dijo el Supremo

En esta controversia, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, decidió que se adjudicaran a favor de Edgardo Cruz Vélez 64 variantes de su nombre para proteger la intención del elector. Además, determinó que se le adjudicaran los votos que no tenían marca en el recuadro al lado del nombre, en las papeletas de voto adelantado porque el elector no tuvo acceso a la máquina de escrutinio.

Sin embargo, Rosado Colomer -quien es juez- decidió que aquellas papeletas votadas el 3 de noviembre donde se escribió el nombre de Cruz Vélez pero no se hizo marca en el recuadro no se le podían adjudicar. Esto, porque el elector interactuó con la máquina de escrutinio electrónico y tuvo la oportunidad de hacer la marca correspondiente, mas decidió depositar la papeleta tal cual. A su juicio, esa es una papeleta mal votada.

El aspirante popular acudió al tribunal para evitar que se le adjudicaran a Edgardo Cruz Vélez los votos con nombres mal escritos y sin la referida marca, porque ambas cosas violan el Código Electoral de 2020. 

La opinión mayoritaria del Supremo establece que adjudicar votos aunque no se haya escrito bien el nombre de la persona va acorde con lo establecido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el sentido de que “nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad”.

El tribunal validó nuevamente la postura asumida en el caso Santos v Comisión Estatal de Elecciones de 1981 y señaló que es menester aplicar los parámetros de tal doctrina a la realidad electoral actual que cuenta con escrutinio electrónico.

“Como ya hemos dicho, pueden ser múltiples las razones por las cuales un elector pudiera ignorar la advertencia que presuntamente le hace la máquina de escrutinio electrónico de una alegada deficiencia en su voto. Pero lo realmente trascendental es lo que finalmente este expresó en la papeleta”, afirmó el tribunal.

En otro momento, opina que “[…] parecería entonces más lógico y justo evaluar la intención del elector, no por la forma en que interactúa con la máquina, sino por la forma en que plasma esa voluntad en la papeleta”.

Asimismo, estipuló que “[…] la máquina de escrutinio electrónico no tiene el propósito de ser la intérprete última de la voluntad del elector y mucho menos ser impedimento para conocerla”.

“[…] no hay intención más clara que la de escribir el nombre de una persona en la papeleta. En este caso, escribir el nombre del nominado en la papeleta municipal debe ser criterio suficiente para expresar de forma inequívoca la intención de votar por esa persona. ¿Cómo entonces se podría concluir que no sabemos cuál es la voluntad del elector que escribió en la papeleta para la alcaldía, en la columna de nominación directa, un nombre que razonablemente identifica a determinada persona, solo porque no puso una marca en el espacio provisto al lado de ese nombre?”, lee la opinión mayoritaria.

Postura del juez Colón Pérez

El juez Angel Colón Pérez catalogó como “consideraciones patentemente elitistas e irritantes” las pretensiones del candidato popular y aseveró que “el valor del voto por nominación directa trasciende aquellos escenarios donde las personas que lo emiten, por alguna razón… no pueden darle vida con palabras completas, acentos, puntos, comas y/o marcas a su deseo de que determinada persona dirija los destinos de su pueblo”.

“Sobre el particular, basta con señalar que las urnas electorales en nuestro país no están abiertas y accesibles solo para las personas privilegiadas, sino que, por el contrario -como mandato constitucional y moral- el sufragio constituye un recurso para todo el pueblo y un pilar imprescindible de nuestra democracia. Los errores gramaticales en la redacción de un nombre, la falta de acentos, puntos, comas y/o la ausencia de marcas en las papeletas de determinados guaniqueños y guaniqueñas -en ocasiones, atribuibles a su nivel de escolaridad, problemática social que, como sabemos, todavía está presente en algunas regiones del país- no son razón suficiente para anularle su voto por nominación directa. Sobre todo, cuando, de un análisis sosegado de los que estos y estas han escrito, se desprende con meridiana claridad que los mencionados ciudadanos y ciudadanas están muy claros en lo que aspiran. Eso se llama intención”, estipuló Colón Pérez.

Postura del juez Estrella Martínez

En principio, el juez Luis Estrella Martínez defendió la intervención del Supremo en esta etapa del proceso.

“Una actuación contraria, conllevaría cerrar las puertas de los tribunales y avalar que la Comisión Estatal de Elecciones tenga carta blanca para emitir resoluciones y determinaciones sin posibilidad de que las partes afectadas puedan revisarlas judicialmente hasta que se emitan certificaciones finales de elección. Ello es sencillamente contrario a las normas jurisdiccionales que provee nuestro Derecho Electoral. Como agravante, implicaría también ignorar que uno de los candidatos ha juramentado en propiedad como alcalde, a pesar de que no ha finalizado el recuento de todos los votos y de que no hay un dictamen final en torno a esta controversia. Por tanto, pretender que el trámite judicial prosiga un curso ordinario, sería impermisible y algo nunca antes visto en Puerto Rico”, sostuvo.

Estrella Martínez, además, resaltó las inconsistencias del Código Electoral y reiteró que su interpretación debe respetar la intención del electorado.

“Bajo esa óptica, los requisitos impuestos por el Código Electoral deben interpretarse de tal forma que no impongan al elector o a la electora condiciones de difícil cumplimiento o exigencias que resulten en obstáculos que menoscaben su derecho. Dicho de otro modo, los postulados constitucionales proscriben la anulación de un voto cuando las normas procesales promulgadas por la partidocracia constituyen obstáculos irrazonables y, en consecuencia, provocan un balance lesivo a la democracia que, más allá de ocasionar tal menoscabo, desalientan el ejercicio del derecho al voto”, plateó.

Con relación a los votos sin marca de electores que interactuaron con las máquinas de escrutinio electrónico el día de los comicios generales, comentó que “en palabras simples, las máquinas no pueden mandar más que el Pueblo”.

“Hoy, este tribunal protege el derecho constitucional de nuestro electorado a ejercer sus prerrogativas constitucionales sin miedo a que se invalide su intención por no seguir instrucciones que solo afectan de manera mínima el interés legislativo que persigue reconocer la voluntad electoral. Un reconocimiento contrario promovería que, en el mañana, la ciudadanía fuese privada livianamente del acceso a determinados derechos o servicios, basado solamente en la falta de alfabetización, el rezago en las condiciones académicas del individuo o simplemente por la forma y manera en que conocen a su candidato nominado. Sin duda alguna, ello resultaría en una grave injusticia. En fin, la controversia aquí reseñada no se circunscribe meramente a confirmar la intención del elector o de la electora, lo cual de por sí es determinante, sino más bien a validar la expresión, intención y mandato de un pueblo de ejercer su derecho al voto por nominación directa a favor del señor Cruz Vélez”, determinó Estrella Martínez.

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Michelle Estrada Torres
Periodista y profesora oriunda de Ponce, Puerto Rico. Su experiencia periodística incluye trabajo reporteril, investigación, edición; producción de textos, fotos y vídeos; y cobertura multimedios y multiplataforma. En Inter Ponce imparte cursos de periodismo y medios de comunicación.