Michelle Estrada Torres y Sara R. Marrero Cabán
Voces del Sur
Ante la falta de datos que permitan proyectar el comportamiento a corto plazo de la enfermedad COVID-19 en Puerto Rico, la salubrista y epidemióloga ponceña Mirna Arroyo Miranda anticipó que el distanciamiento físico obligatorio tendrá que ser mayor de los 14 días dispuestos por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Y apuntó a que, más allá de ser una directriz gubernamental, se va a tener que convertir en una práctica individual para protegerse de la enfermedad a mediano y largo plazo.
El toque de queda se impuso del 15 al 30 de marzo, junto al cierre parcial de los negocios que no suplan necesidades básicas, como una medida para tratar de contener los contagios del nuevo coronavirus.
Sin embargo, ese proceso no ha estado acompañado de la realización masiva de pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2. Pacientes con cuadros clínicos que sugieren coronavirus han denunciado en redes sociales que se les ha negado la prueba. Mucho menos se ha planteado la posibilidad de hacerle pruebas a todo el mundo, tengan o no síntomas, que ha sido la estrategia de otros países como Corea del Sur para identificar personas asintomáticas y aislarlas para detener el contagio.
“Llevamos dos semanas desde que se reportó el primer caso en Puerto Rico, que sepamos, que fue el de la mujer italiana que llegó en el crucero Costa Luminosa, y llevamos una semana en cuarentena, y el gobierno ha dicho que las pruebas van a llegar y nunca llegan”, criticó Arroyo Miranda, quien se desempeña como profesora adjunta del Programa de Salud Pública de Ponce Health Sciences University.
Eso ha provocado que municipios hayan hecho gestiones por su cuenta para adquirir pruebas y ponerlas a disposición de la población. De todas maneras, siguen estando limitadas a personas con síntomas que se tienen que someter a la burocracia del sistema de salud.
El nuevo task force gubernamental para atender esta emergencia sanitaria, liderado por médicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, ha reconocido que no hay datos suficientes para hacer la proyección epidemiológica y, aunque la gobernadora aseguró ayer que en este momento no considera extender el toque de queda, es una opción que sigue sobre la mesa.
“Yo estimo que el 30 de marzo no va a ser la fecha final de este proceso de toque de queda”, afirmó Arroyo Miranda.
Sin embargo, la también abogada reconoció que, en protección de los derechos constitucionales, el toque de queda debe imponerse de la manera menos restrictiva posible. Por ello, puntualizó la importancia de que la población entienda el riesgo que supone salir a la calle en este momento y que, haya o no toque de queda formal, practique el distanciamiento físico.
“La realidad del asunto es que probablemente vamos a tener que, incluso nosotros como ciudadanos, tomar medidas de distanciamiento social por un periodo que puede ser tan extenso como 18 meses en lo que nosotros empezamos a ver una disminución considerable de los casos o se desarrolle la vacuna, o se encuentre algún medicamento que pueda disminuir los síntomas o retrasar los síntomas. Pero, en la medida que haya casos presentes, el distanciamiento social sí se va a tener que extender”, dijo en referencia a cambiar costumbres sociales como el saludo.
Basado en el comportamiento del virus SARS CoV, predecesor del SARS-CoV-2 que llegó a ser pandemia hace varios años, es altamente probable que surja una segunda oleada de contagio del nuevo coronavirus. Por lo tanto, el COVID-19 estaría presente a largo plazo.
“Lo que estamos buscando es que, en ese proceso, aunque se enferme la misma cantidad de personas, que las personas que se vayan a enfermar sean más escalonadas, que sea más paulatinamente”, señaló.
La enfermedad se propaga de manera exponencial. Es decir, por cada persona infectada, se contagiarán dos, luego cuatro y así sucesivamente. Por eso es menester de los ciudadanos practicar el distanciamiento físico para aplanar la curva epidémica y evitar sobrecargar los hospitales.
Sin credibilidad el Estado
La Dra. Arroyo Miranda destacó, por otra parte, que el manejo del COVID-19 en Puerto Rico se ha caracterizado por la improvisación, falta de transparencia y transmisión errónea de información por parte del gobierno.
“El problema es que la dilación en los procesos, la falta de pruebas, la epidemióloga del Estado (Carmen Deseda) ha sido consistente en que aquí no hay casos de transmisión comunitaria, que todos los casos están relacionados a algún tipo de exposición a viaje y la realidad es que ya en este punto eso no es correcto”, aseveró.
Al momento, hay 23 casos confirmados de coronavirus en la isla. Uno de los enfermos, de 71 años de edad, no tiene historial de viaje al extranjero. Sin embargo, no lo cuentan como contagio comunitario porque antes de enfermar fue visitado por su hija residente en Chicago, a pesar de que al gobierno local no le consta que ella haya dado positivo a coronavirus.
“Ese paciente puede provocar que miles de personas se infecten”, manifestó la epidemióloga, al poner como ejemplo la mujer que contagió a más de mil personas al visitar una iglesia en Corea del Sur.
“Cuando ves esas cosas, como epidemióloga y salubrista, y oyes las expresiones de la epidemióloga del Estado y del secretario de Salud (el renunciante Rafael Rodríguez Mercado) de que aquí no hay transmisión comunitaria, el problema es que eso empieza a minar la confianza. Entonces, los que entendemos cómo funcionan las epidemias levantamos la voz de alerta. Ninguna persona en este país que tenga dos dedos de frente puede creer una expresión como esa, sabiendo cómo se transmite el COVID-19 y habiendo leído sobre cómo se transmiten las epidemias”, sostuvo.
Sin ayuda no se logra la cuarentena
Por otro lado, Arroyo Miranda opinó que el gobierno estatal debe proveer ayudas económicas inmediatas y alivios en el pago de deudas para poder sobrevivir la cuarentena.
“Tú no le puedes decir a la gente ‘no te vayas a trabajar’… las estrategias de salud pública tienen que ir dirigidas a manejar esa situación social para poder controlar la enfermedad. Dentro de este proceso político de salud pública, (se necesita) desarrollar estrategias para proveer para que esa gente que no puede trabajar se pueda quedar en su casa y cumplir con el distanciamiento social. Me parece extremadamente desacertado del gobierno y de la legislatura de Puerto Rico el hecho de que no hayan aprobado un paquete de medidas para la moratoria del pago de la hipoteca, para el pago de la renta, que no se provea un sistema de control del desempleo, que se esté dejando a merced de los patronos”, expresó.
Publicado: 22 de marzo de 2020
