Redacción Voces del Sur
La colocación de un plástico debajo de la inmensa montaña de cenizas tóxicas que de la empresa Applied Energy Systems (AES) mantiene en Guayama y bombear el agua contaminada del acuífero no resolverán los problemas de salud y contaminación que enfrentan la región Sur, a juicio de varios líderes comunitarios.
Estas medidas forman parte del paquete de propuestas presentadas por la compañía dedicada a la producción de energía a través de la quema de carbón luego que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) le ordenó tomar acciones correctivas al detectar incumplimientos de varios protocolos como, por ejemplo, el manejo de las aguas de escorrentías.
Cabe destacar que un estudio de la compañía DNA-Enviroment reveló que las aguas subterráneas cerca de la planta de AES en la Ciudad Bruja se encuentran contaminadas con metales pesados y otras sustancias.
“Ninguna de estas alternativas remueve la inmensa montaña de cenizas, por lo que la contaminación del agua y aire, y el efecto en la salud de los vecinos, continuará o incluso podría empeorar”, advirtió a través de un comunicado el portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán.
Según el activista sureño, las propuestas tampoco contemplan la recién aprobada Ley para Prohibir el Depósito y la Disposición de Cenizas de Carbón o Residuos de Combustión de Carbón en Puerto Rico la cual, según Alvarado Guzmán “obliga a la empresa a remover estos residuos de sus instalaciones en un término de 180 días”.
“Su propuesta (AES) es dejar la montaña de esos desperdicios tóxicos en el área. Eso es inaceptable e ilegal”, agregó.
Por su parte, Mabette Colón Pérez líder del sector Miramar en Guayama, repudió la falta de consulta con las comunidades afectadas por parte de la empresa a la hora de desarrollar sus propuestas.
“En diciembre pasado AES convocó deficientemente a una reunión en el barrio Olimpo, que está a más de 10 kilómetros de las comunidades de Puente de Jobos y Miramar, que son las más afectadas por el funcionamiento de su planta. Allí había decenas de agentes de la policía, vallas en las calles, guardias privados, detectores de metales y te cateaban cada vez que se entraba. Eso no cumplió con el fin de promover la participación de las comunidades”, sentenció.
Colón Pérez aseguró que AES ha obstaculizado “la participación pública” en el proceso de remediar el daño provocado al acuífero.
Publicado: 3 de febrero de 2020
