Sara R. Marrero Cabán
Voces del Sur
El uso de fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico está bajo escrutinio de observadores durante las protestas que se llevan a cabo en San Juan para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“La Policía ha actuado muy mal. Ha violado varios protocolos. Eso ya lo señalamos y se ha publicado y, eventualmente, se le informará al tribunal (federal) para ver qué medidas toma el tribunal para que esto no siga ocurriendo”, afirmó William Ramírez Hernández, abogado, director ejecutivo y fundador de la oficina de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), en entrevista con Voces del Sur.
La ACLU actúa como observadora en protestas, piquetes y manifestaciones multitudinarias, y esta no ha sido la excepción.
Las expresiones de Ramírez Hernández surgieron antes de comenzar la protesta de hoy, lunes, en la calle Fortaleza. Cabe señalar que, por la noche, la Policía reprimió la manifestación con gas pimienta y gases lacrimógenos, inicialmente en la intersección con la calle Del Cristo, sin que presuntamente hubiese provocación de los participantes.
Lanzar gas sin avisar
Haciendo referencia a lo ocurrido ayer, domingo, Ramírez Hernández dijo que la Policía utilizó gas lacrimógeno incorrectamente porque lo hizo sin previo aviso.
El abogado ha estado presente desde el viernes en San Juan con el fin de velar por los derechos de los manifestantes.
“Una de las razones por las que estamos aquí es para garantizar que la Policía no agreda a la personas y, además, que cumplan con las pautas y los requisitos de la reforma de la Policía de Puerto Rico. Si no ocurre, lo documentamos y lo informamos al tribunal para que haya algún tipo de orden para corregir la conducta de la Policía. No es fácil. Vamos a estar aquí hasta que Ricky se vaya”, expresó.
La ACLU es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos civiles y humanos.
Gases y balas de goma
En cuanto a lo sucedido hoy, lunes, la abogada Mariana Nogales Molinelli, de la Brigada Legal Solidaria, denunció que la Fuerza de Choque “barrió a los manifestantes”.
“Barrieron sin razón alguna pepper y gas lacrimógeno, sin provocación alguna”, escribió Nogales Molinelli, quien también actúa como observadora, en su perfil de Facebook.
“No hubo nada, ni siquiera insultos, para que los policías empezaran a tirar. Si no es por que la gente entendió y se movió con rapidez, pudimos salir. Pero hubo gente que salió afectada. Esto fue totalmente innecesario con el propósito de barrer porque el Viejo San Juan estaba repleto”, señaló Nogales Molinelli.
En la transmisión televisiva de Noticentro se observó cómo la formación de policías en la intersección de las calles Fortaleza y Del Cristo lanzó balas de goma. Una de ellas golpeó al reportero Orlando Jesús Rivera.
También se lanzó gas pimienta y gases lacrimógenos en otras calles del Viejo San Juan.
Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, dijo a Noticentro que los manifestantes lanzaron piedras y “cherry bomb”.
Sobre el chat
En el chat, que contiene intercambios desde el 30 de noviembre de 2018 al 20 de enero de este año, participaron: Ricardo Rosselló Nevares; el entonces principal oficial financiero (CFO) y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario de Estado, Luis Rivera Marín; el entonces asesor legal del gobernador, Alfonso Orona; el principal oficial financiero y representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino; los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el publicista Edwin Miranda; el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.
Asimismo, participaron y tuvieron información gubernamental privilegiada Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos, y Elías Sánchez Sifonte, exrepresentante del gobierno ante la Junta, a pesar de que ya no tenían puestos públicos.
El chat se fue filtrando poco a poco la semana pasada en diversos medios de comunicación y provocó una rueda de prensa de Rosselló Nevares el pasado jueves por la noche, en la que aseguró no renunciaría a su puesto.
Sin embargo, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) divulgó la totalidad del chat el sábado, 13 de julio, tras lo cual integrantes de su Partido Nuevo Progresista, políticos de oposición y distintos componentes de la sociedad civil le pidieron la renuncia inmediata.
El chat, de 889 páginas, contiene expresiones burlonas, ofensivas, machistas, misóginas y homofóbicas hacia diversidad de funcionarios de gobierno, políticos, periodistas, figuras públicas y privadas.
Entre los mencionados se encuentran la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el presidente y la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, José Carrión y Natalie Jaresko, respectivamente; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez; los legisladores Eduardo Bhatia, Manuel Natal, Evelyn Vázquez y Juan Dalmau; el cantante Ricky Martin y Melissa Mark Viverito, expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, entre otros.
También hay comentarios contra periodistas como José Esteves y Benjamín Torres Gotay; burlas sobre las muertes de los independentistas Carlos Gallisá y Marta Font y sobre la acumulación de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses, así como mofa a personas privadas.
En el chat también se demuestra que estos funcionarios hicieron trabajo político partidista en horas laborables.
Publicado: 15 de julio de 2019
