Veintisiete cargos, incluyendo la entrega de planillas falsas y fraudulentas, fueron presentados hoy, martes, en contra de los operadores del establecimiento Kevin’s Restaurant del pueblo de Patillas.
De acuerdo con la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, los cargos fueron radicados contra la corporación XO-XO, Inc., que opera el negocio; su presidenta, identificada como Celia B. Acevedo Valles, y su administrador Kevin Omar Santiago.
A los acusados se le imputa no rendir la planilla de contribución sobre ingresos y del Impuesto sobre las Ventas y el Uso (IVU) para los años 2015 y 2016. Además, fueron acusados de entregar al Departamento de Hacienda la planilla de contribución e IVU para el año 2014 sin reportar los ingresos.
Según la pesquisa, la corporación y los acusados dejaron de reportar aproximadamente $690,550 en ingresos, los cuales tienen un impacto al erario de $151,784, sin añadirle los intereses, recargos y penalidades por fraude, según el Código de Rentas Internas, más aproximadamente $57,842 por concepto de IVU.
Se indicó que cada uno de los tres imputados enfrenta nueve cargos de manera individual por no rendir planilla de contribución sobre ingresos de corporaciones con la intención de evadir o derrotar cualquier contribución; entregar planillas falsas y fraudulentas; y no remitir el IVU.
“Continuamos trabajando arduamente en conjunto con el Departamento de Hacienda, en este caso como parte del acuerdo interagencial con el destaque de fiscales dedicados a estos casos para dar con las corporaciones y personas morosas que tratan de tomar ventaja y evadir su responsabilidad. Esto afecta el fisco y es ilegal”, manifestó la titular de Justicia a través de un comunicado.
La Fiscalía presentó los cargos ante el juez José L. Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien, tras analizar la prueba, encontró causa para arresto contra la corporación, Acevedo Valles y Santiago.
El magistrado impuso una fianza global de $40,500, mas no se informó si la pagaron. La vista preliminar se pautó para el 4 de septiembre.
“De ser encontrados culpables, cada uno se expone a una pena de desde tres años y un día hasta ocho años y un día de prisión por cada uno de los cargos. Y la corporación se expone a la disolución o cancelación del certificado de incorporación”, explicó Vázquez Garced.
Publicado: 21 de agosto de 2018
