La jueza Teresa Pérez Stuart, del Tribunal de Yauco, desestimó hoy, jueves, el cargo menos grave de obstrucción a la justicia que pesaba contra cuatro personas arrestadas el pasado 2 de agosto durante las manifestaciones para intentar evitar el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas.
Se trata de José Juan Cora Rosa, Héctor Santaella Buitrago, Kiria J. Hurtado González y Omar Saadé Yordan.
De este modo, la totalidad de las 25 personas arrestadas ese día vieron concluidos sus casos.
Veinte de ellos tuvieron su día en corte el jueves de la semana pasada, cuando la jueza Pérez Stuart les desestimó los cargos porque ya se había vencido el término de juicio rápido.
Los acusados eran Eva Ayala, Orlando Flores, Carlos García Berríos, Víctor Lefebre Pérez, Eduardo Figueroa Rosa, Lucas Cruz Ocasio, Carlos Rivera Turner, Juan M. Verges Rodríguez, José Hernández Rivera, Rochelymar Maldonado, Nelson Pagán Hernández, Edwin Rojas de León, Claribel Santana López, Miriam Gallardo González, Abimelec Feliciano Santos, José Madera Cabán, Kiara Torres Figueroa, Sergio Velázquez Vázquez, Sofía Torres Moreno y Melinna Reyes Rodríguez.
Además, el pasado martes, la misma jueza atendió el juicio contra Carlos Claudio y le impuso una multa de $50.
De los arrestos surgidos durante las manifestaciones suscitadas en el verano cuando Applied Energy Systems (AES) reanudó el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas, también se resolvió el caso contra José Manuel Díaz, quien fue encontrado no culpable de obstrucción a la justicia. Faltan por atender dos juicios contra Jimmy Borrero Costas, uno de los portavoces del Campamento contra las cenizas de carbón.
Borrero Costas enfrenta un cargo menos grave de agresión simple por supuestamente golpear a un camionero y un cargo grave de emplear la violencia contra la autoridad pública por presuntamente golpear a un policía.
Ambos casos debían verse la semana pasada, pero fueron paralizados por el Tribunal de Apelaciones en respuesta a un recurso presentado por la defensa. El abogado Donald Milán Guindín explicó que el tribunal intermedio “paralizó los trámites a nivel de instancia hasta tanto atiendan nuestro recurso de certiorari” que busca la desestimación de los cargos.
“Queremos que se desestime el cargo porque la Fiscalía ha tomado por costumbre presentar los casos, no con testigos, sino mediante declaración jurada. El abogado no puede contrainterrogar a un papel. Tú no te puedes defender en ese proceso y ya se han tomando determinaciones de causa probable en esas instancias”, señaló Milán Guindín a Voces del Sur.
En el caso de delito grave, el policía que presentó la denuncia, Roberto Medina Mariani, fue asesinado el pasado 11 de septiembre en medio de un asalto al negocio Herold Café en el barrio Magueyes de Ponce. La Fiscalía busca continuar el caso con evidencia gráfica.
En una acción poco común para juicios por cargos menos graves, el Departamento de Justicia asignó cuatro fiscales para atenderlos: Ildefonso Torres Rodríguez, Carlos González, Annette Esteves y Mariner Álvarez. La fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini, ha atendido personalmente el caso contra Borrero Costas por el delito grave.
Más de 20 abogados defendieron al grupo en las distintas etapas del proceso, entre ellos Jaime Ruberté, Wanda Valentín, Rafael Ortiz Mendoza, Donald Milán Guindín, Martín González Vélez, Alejandro Torres Rivera, Evelyn Michelle Román y Carol Lee Mendoza Allison.
Publicado: 21 de diciembre de 2017
