Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados (National Lawyers Guild) de Estados Unidos visitaron ayer, viernes, el Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas para conocer la lucha comunitaria de seis décadas que se ha dado en este municipio en defensa del ambiente y la salud humana.
La ANA es una organización establecida en 1937 y está compuesta por abogados, estudiantes, académicos, legisladores, jueces y activistas que hacen causa común para defender los derechos humanos. Entre sus áreas de interés están el racismo, el sexismo, la homofobia, la destrucción ambiental, los asuntos laborales, los inmigrantes y el derecho al voto.
El grupo de visitantes escuchó los testimonios y relatos de manifestantes, así como de varios de los abogados que les han defendido gratuitamente; y documentó el intercambio mediante escritos, fotos y vídeos.
José Manuel Díaz Pérez, portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, explicó que durante 60 años han tenido que lidiar con las petroquímicas y la contaminación por asbesto que surgió cuando se intentó limpiar los remanentes de este complejo; la quema de gomas, el intento de construir un gasoducto y el depósito de cenizas de carbón de la planta Applied Energy Systems (AES) de Guayama. Asimismo, con la amenaza de que les lleven a sus vertederos industriales las cenizas producto de la incineración de basura, si se estableciera Energy Answers en Arecibo.
“Interpretamos que Peñuelas es una colonia dentro de otra colonia porque vemos cómo constantemente el gobierno de Puerto Rico viabiliza que se haga un genocidio contra nuestra gente. Y ese es el mensaje que queremos que ustedes lleven. Aquí se viola un derecho elemental que es el derecho a la vida y hay unas comunidades que estamos luchando para poder sobrevivir”, afirmó Díaz Pérez.
El proceder de la Policía de Puerto Rico durante las protestas, los arrestos y las vistas en el tribunal fue ampliamente discutido.
“Ha sido muy triste ver que la Policía actúa en contra de una comunidad, a la que a veces quintuplica en cantidad (de efectivos versus manifestantes). Y causa una frustración muy grande ver a personas con condiciones de salud ser arrastradas por policías”, observó José Francisco Sáez, líder comunitario de Guayanilla que forma parte del campamento peñolano.
El abogado Martín González, hijo, puntualizó que los arrestos de manifestantes se llevaron a cabo a pesar de estar vigente una ordenanza municipal que prohíbe el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas.
“Cuando vino la Policía les preguntamos por qué iban a mover gente si ellos estaban tratando de poner en vigor una ley (municipal). Se supone que la Policía interviniera con los camioneros, pero no hizo caso a esas peticiones de la comunidad y tomó partido a favor de la compañía (AES) y empezó a fungir como guardia de seguridad privada para dejar libre la entrada de los camiones (al vertedero Peñuelas Valley Landfill, operado por EC Waste)”, relató González.
“Eso provocó que la comunidad tuviera que, con sus cuerpos, impedir la entrada de camiones. Eso conllevó confrontación. Los camiones les eran tirados intencionalmente a los manifestantes. Los que protestaban fueron lastimados, golpeados por los camiones y eso comenzó una respuesta de la comunidad y la comunidad se defendió”, resaltó el abogado.
El licenciado Jaime Ruberté, quien lideró la defensa de los manifestantes que fueron arrestados en noviembre de 2016 por intentar detener el paso de camiones con cenizas, también compartió su experiencia.
“No somos los líderes de la lucha, somos colaboradores, hacemos nuestro trabajo en los tribunales, hablamos con la Policía, observamos, les sugerimos no atacar ni herir a las personas”, expuso el expresidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
Al explicarles a sus colegas estadounidenses que los policías finalmente no presentaron las denuncias en dos vistas efectuadas este mes, bromeó con la posibilidad de que estos se sintieran intimidados.
“Algunos dicen que se fueron (del tribunal) cuando vieron este batallón de abogados, para no enfrentar las preguntas de 21 abogados que llevarían los casos”, dijo Ruberté entre risas.
A la primera vista en el tribunal de Guayanilla llegaron más de 25 abogados y a la segunda citación casi una veintena.
Por otro lado, el abogado Donald Milán Guindín compartió que ha sido criticado por fungir como abogado de manifestantes.
“En algunos casos, a los que tenemos práctica criminal no se nos critica tanto nuestra profesión como cuando representamos personas que hacen manifestaciones o protestas como esta”, señaló.
El trabajo realizado por Ruberté, González, Guindín y sus colegas fue resaltado por Jimmy Borrero, líder comunitario de Peñuelas.
“Hemos contado con un grupo de abogados comprometidos con este pueblo y con las luchas nobles. Si no fuera por ellos, el gobierno nos tuviera presos”, aseveró Borrero.
Mientras, Genie Mirer, de ANA, dijo a Telenoticias que esperan darle visibilidad mundial a la causa peñolana.
“Nuestra esperanza no es solamente (ayudarles) siendo solidarios, sino darle visibilidad a nivel mundial porque esta es una organización que tiene presencia en distintas partes del mundo. Y tenemos un movimiento ambiental muy fuerte”, mencionó Mirer al ser entrevistada por Telenoticias.
Publicado: 25 de febrero de 2017
