Tras casi un mes desde que se reanudó el Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas, las manifestaciones en apoyo al grupo de ciudadanos que se ha opuesto a la entrada de camiones cargando el material tóxico al vertedero Peñuelas Valley Landfill no ha cesado.
La más reciente expresión de solidaridad al colectivo de residentes sureños fue realizada en los pasados días por parte de la Legislatura Municipal de Salinas, que aprobó de manera unánime una resolución en respaldo a la causa que ha movilizado a cientos de personas a la carretera PR-385 para evitar el paso de los vehículos con el desperdicio producido por la empresa Applied Energy Systems (AES) localizada en Guayama y que puede contener metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, selenio, aluminio, antimonio, bario, berilio, cloro, cobalto, manganeso, molibdeno, níquel, talio, vanadio y zinc.
“Este asunto del depósito de cenizas es algo que nos une con Peñuelas, porque en Salinas se estuvo depositando por años ese veneno en proyectos municipales, proyectos de construcción de urbanizaciones y centros comerciales, en caminos rurales, agrícolas y residenciales, y sobre distintos terrenos”, explicó a través de un comunicado el legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Víctor Alvarado Guzmán.
De acuerdo al también portavoz de la organización Diálogo Ambiental, en el caso del Pueblo del Mojo Isleño las cenizas “se depositaron en zonas del acuífero”, por lo que en la actualidad existe incertidumbre sobre la posibilidad de que estos cuerpos de agua hayan sido contaminados, como ha ocurrido en varios espacios similares en Estados Unidos.
“Los residentes de Peñuelas, con el apoyo de distintas organizaciones políticas, sindicales, religiosas, ambientales y sociales, mantienen un campamento de desobediencia civil pacífica y libran una lucha para detener los camiones llenos de toneladas de cenizas tóxicas de carbón”, sostuvo Alvarado Guzmán.
La pasada semana, sobre 50 líderes de organizaciones sindicales, religiosas, políticas y comunitarias se suscribieron a un manifiesto compuesto por seis tópicos entre los que figuran el apoyo a los actos de desobediencia civil pacífica del grupo, que incluyó un reclamo al superintendente de la Policía, José Caldero, para que desista de continuar destinando fondos públicos “para proteger intereses de compañías privadas multimillonarias”.
Por otra parte, la resolución aprobada en Salinas también incluyó una solicitud al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que de convocar a la Legislatura a una segunda sesión extraordinaria incluya en la misma el Proyecto del Senado 340 que tiene como fin la prohibición del depósito de cenizas de carbón en la isla.
La pieza además incluye una petición al gobierno estatal a fines de “comenzar la sustitución de la contaminante producción de energía a base de carbón por fuentes de energía limpia, renovable y sustentable”, destacó el legislador municipal.
Publicado: 19 de diciembre de 2016
