El asesor técnico de cumplimiento de la Reforma de la Policía de Puerto Rico, Arnaldo Claudio, visitó ayer, domingo, el campamento de residentes que se oponen al depósito de cenizas de carbón en el vertedero de Peñuelas.
Allí, en el camino que conduce hacia el Peñuelas Valley Landfill, en la carretera 385, Claudio conversó con los líderes comunitarios José Manuel Díaz y Francisco Sáez Cintrón.
También estuvieron presentes la coronel Clementina Vega, directora de la Reforma de la Policía, y el teniente coronel Carlos Miranda Soto, segundo en mando en el área policiaca de Ponce.
El monitor federal también se reunió con otros residentes en el sector Seboruco de Peñuelas, entre los cuales se encontraban el líder comunitario y candidato a alcalde de Peñuelas por el Partido Independentista Puertorriqueño, Jimmy Borrero; su esposa Yanina Moreno e Ivette González Cuascut, del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa.
“Entendemos fue una (reunión) fructífera”, comentó el grupo en su página de Facebook.
La visita de Claudio y Vega se da cuatro días después de que dos manifestantes fueran agredidos, presuntamente, por un camionero que salía de depositar cenizas. Anteriormente, se habían suscitado incidentes de agresión entre camioneros e integrantes del campamento.
En la mayoría de las ocasiones, han prosperado querellas de los camioneros o de los operadores del vertedero en contra de los residentes peñolanos. Por el contrario, según los manifestantes, la Policía se ha negado en más de una ocasión a tomar sus querellas en contra de los camioneros o empleados del vertedero.
También se ha denunciado el uso de la fuerza del Estado para satisfacer un bien privado, y alegadas prácticas de acoso e intimidación de los agentes hacia los residentes durante piquetes y protestas en la entrada del vertedero.
La Policía de Puerto Rico ha desplegado decenas de oficiales para darles escolta a los camiones que transportan las cenizas provenientes de la planta AES de Guayama y viabilizar su entrada al relleno sanitario, plan que ha ejecutado el teniente coronel Miranda Soto. Esto, raíz de la orden del juez superior Eric Ronda del Toro que instruyó a la Policía a garantizar el paso de los camiones con cenizas y arrestar a quienes traten de impedirlo.
La controversia por el depósito de cenizas en Peñuelas se centra en que existe una ordenanza municipal que lo prohíbe, pero la Junta de Calidad Ambiental (JCA) avaló la práctica en septiembre de 2015. Por tanto, la compañía administradora del vertedero, EC Waste, continúa comprándole cenizas a la planta carbonera AES.
Actualmente, hay varios pleitos judiciales en el Tribunal Superior de Ponce y en el Tribunal Supremo, que tiene ante su consideración decidir si la ordenanza municipal va por encima del reglamento de la JCA.
