Pese a que en las pasadas semanas varios grupos han expresado su oposición al Proyecto del Senado 1621, que privatiza la zona marítimo terrestre en el poblado La Parguera, en Lajas, un grupo de alcaldes de la región suroeste le solicitó hoy al gobernador Alejandro García Padilla que firme la medida.
Los cinco ejecutivos municipales, de los pueblos de Lajas, Sabana Grande, San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo, aseguraron que la pieza legislativa lo que busca es “lograr una fuente de ingresos la cual se reinvertiría en la protección de la reserva natural de La Parguera”, según reza una comunicación escrita.
Esto contrasta con expresiones de la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen Guerrero Pérez, quien dijo que serían los dueños de cerca de 100 estructuras enclavadas allí los que se beneficiarían de la medida.
“Con esta acción, los legisladores le han fallado al bien común del Pueblo de Puerto Rico al consentir que se le conceda a un grupo privilegiado y exclusivo, los bienes de dominio público marítimo terrestres que forman parte de la Reserva Natural La Parguera, en contra de lo que establece nuestra Constitución”, sentenció la titular del DRNA luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran el informe de conferencia del proyecto durante el último día de sesión del presente cuatrienio.
Por su parte, el alcalde de Lajas, Marcos Irizarry Pagán, defendió la propuesta alegando que esta no contempla la privatización ya que no otorga títulos de propiedad.
“El único objetivo es establecer una anualidad o mensualidad a los dueños de las casas que llevan allí más de 50 años, con su propio alcantarillado, pagando CRIM, con permiso de agua y luz y que además crean empleos”, aseguró Irizarry Pagán, quien subrayó que algunas de esas propiedades podrían estar pagando hasta $500 mensuales.
En cambio, para el empresario Fernando Sumaza Díaz, hijo, quien representa a la firma de contratistas West Construccion, Corp., el privilegiar a unos particulares con una medida que legaliza la permanencia de casas de verano construidas ilegalmente a la orilla de La Parguera es promover el desorden y la anarquía.
El contratista lleva casi una década tratando de sacar a un grupo de residentes de viviendas ubicadas a las orillas de la playa Buyé en Cabo Rojo y teme que esta pieza establezca un precedente en este tipo de situación ya que, a todas luces, de no ser así se estaría estableciendo una doble vara.
De hecho, la secretaria del DRNA advirtió sobre esta posibilidad.
“¿Qué el DRNA le dirá ahora a los dueños de casas en la playa Buyé, en Cabo Rojo, que el tribunal ordenó a la agencia a sacarlos de la zona marítimo terrestre por que sus casas estaban ilegalmente construidas sobre la playa? ¿Qué hará el DRNA con las familias del sector El Negro, en Yabucoa, que quieren que la agencia les dé permiso para reconstruir sus casas en la zona marítimo terrestre porque el mar les está abatiendo sus estructuras y la agencia no puede permitir su reconstrucción porque esas casas están sobre la playa en un área vulnerable y de alto riesgo a eventos naturales? ¿Qué hará el DRNA con la gente de Punta Figueras, en Ceiba, que el gobierno federal requiere que la agencia reubique sus casas de la zona marítimo terrestre? La agencia les tendrá que decir que no vivían en un sector de privilegio con acceso a las altas esferas del poder que logró que se le legalizaran sus estructuras privadas mediante unas enmiendas realizadas a la carrera y sin debate público profundo en la Legislatura”, argumentó la secretaria.
En cambio, el alcalde de Sabana Grande, Miguel Ortiz Pérez, dijo que los que dicen llamarse ambientalistas han tergiversado el potencial de las casas de La Parguera. “Los dueños de las casas de La Parguera, así como los ciudadanos que las visitan, son los que se preocupan de limpiar los cayos y los canales. Esa tarea no la hacen los supuestos ambientalistas”, aseveró.
Por otro lado, el presidente de la Federación de Pescadores de Puerto Rico, Miguel Dávila, denunció como un atropello el intento para encaminar la privatización del sector sureño, lo que les privaría de un recurso natural que es indispensable para llevar el sustento a sus familias.
Mientras continúan surgiendo voces a favor y en contra, el proyecto se encuentra de camino al escritorio del gobernador García Padilla, quien ayer aseguró no haberlo leído por lo que no ofreció su opinión al respecto.
Cabe señalar que el Reglamento 4860 del DRNA establece el procedimiento para otorgar concesiones, que son autorizaciones que conllevan un pago anual para darle un uso privado a la zona marítimo terrestre. Actualmente, muchas de las estructuras ubicadas en la ZMT en La Parguera –viviendas primarias o vacacionales- no cuentan con una concesión, por lo que su estatus es ilegal. El P. del S. 1621 propone crear una zonificación especial turística para La Parguera, a pesar de que existe una desde 1978, y eliminar el carácter discrecional del DRNA en el otorgamiento de concesiones, obligándolo a hacerlo.
