La Legislatura aprobó esta noche, en el último día de sesión del presente cuatrienio, el informe de conferencia del Proyecto del Senado 1621, que privatiza la zona marítimo terrestre en el poblado La Parguera, en Lajas.
Esto, al legalizar las casas ubicadas en el mar, llamadas casetas flotantes, que hasta el momento han estado en violación de ley por carecer de concesiones (permisos) del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Las mismas están ubicadas en la costa y en aguas territoriales, que son bienes de dominio público.
La Cámara de Representantes aprobó la medida con 30 votos y 14 en contra. El polémico proyecto pasó en el Senado con 14 votos a favor, nueve en contra y dos abstenidos.
Ahora el proyecto pasará a la consideración del gobernador Alejandro García Padilla, quien puede firmarlo o vetarlo.
De inmediato, la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen Guerrero Pérez, repudió la acción legislativa.
“Con esta acción, los legisladores le han fallado al bien común del Pueblo de Puerto Rico al consentir que se le conceda a un grupo privilegiado y exclusivo, los bienes de dominio público marítimos terrestres que forman parte de la Reserva Natural La Parguera, en contra de lo que establece nuestra Constitución. El DRNA recomendó una solución integral y uniforme para atender esta situación, tanto en Parguera como en otros sectores de menos recursos económicos, y presentó alternativas como la Ley de Costas, pero en tres años y medio los legisladores no quisieron atenderla ni aprobarla”, declaró la planificadora en un comunicado de prensa.
La secretaria, quien se opuso al proyecto en vistas públicas y en los últimos días reforzó su rechazo público al mismo, afirmó que esta ley, de la autoría del saliente senador popular Antonio Fas Alzamora, crea un precedente nefasto con la apropiación de los bienes de todos los puertorriqueños por parte de un puñado de estructuras privadas.
Guerrero Pérez dijo que serían los dueños de cerca de 100 estructuras los que se beneficiarían de la medida.
“¿Qué el DRNA le dirá ahora a los dueños de casas en la playa Buyé, en Cabo Rojo, que el tribunal ordenó a la agencia a sacarlos de la zona marítimo terrestre por que sus casas estaban ilegalmente construidas sobre la playa? ¿Qué hará el DRNA con las familias del sector El Negro, en Yabucoa, que quieren que la agencia les dé permiso para reconstruir sus casas en la zona marítimo terrestre porque el mar les está abatiendo sus estructuras y la agencia no puede permitir su reconstrucción porque esas casas están sobre la playa en un área vulnerable y de alto riesgo a eventos naturales? ¿Qué hará el DRNA con la gente de Punta Figueras, en Ceiba, que el gobierno federal requiere que la agencia reubique sus casas de la zona marítimo terrestre? La agencia les tendrá que decir que no vivían en un sector de privilegio con acceso a las altas esferas del poder que logró que se le legalizaran sus estructuras privadas mediante unas enmiendas realizadas a la carrera y sin debate público profundo en la Legislatura”, argumentó la secretaria.
