La controversia sobre la legalidad o ilegalidad del depósito de cenizas de carbón en Peñuelas lleva un año en los tribunales, periodo en el que el gobernador Alejandro García Padilla no se había expresado al respecto.
Tres días después de que un operativo policiaco permitiera el paso de camiones con cenizas al vertedero peñolano, García Padilla rompió el silencio, no para revelar si avala o no el depósito de este desecho en territorio puertorriqueño, sino para establecer que las leyes municipales que lo prohíben son letra muerta en la medida en que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) permita esta práctica.
Precisamente Peñuelas es uno de 44 municipios del país que cuenta con una ordenanza que prohíbe el depósito de cenizas y sus derivados en su jurisdicción, estatuto que mantiene en pleitos legales al ayuntamiento, las comunidades que se oponen a las cenizas provenientes de la planta AES de Guayama y la empresa EC Waste que administra el Peñuelas Valley Landfill.
A pesar de esa ordenanza, el depósito de cenizas ha continuado, en parte, por órdenes judiciales como la que instruyó a la Policía de Puerto Rico a viabilizar el paso de camiones al vertedero de Peñuelas, usando el arresto como disuasivo de los opositores.
¿Usted favorece el depósito de cenizas en Peñuelas?, se le preguntó al gobernador en una rueda de prensa posterior a la entrega de títulos de propiedad en Cabo Rojo el pasado jueves.
“Yo no soy experto en la materia. Lo que diga la Junta de Calidad Ambiental, lo que digan los expertos que no tienen agenda particular, es lo que yo voy a seguir, lo que dice la ley. Los gobiernos no pueden establecer reglas para luego incumplirlas. Si la regla de la Junta de Calidad Ambiental dice que se puede y que ese es el orden jurídico del país, después no puede incumplir su propia regla”, respondió García Padilla.
¿Usted dice que la reglamentación estatal va por encima de las 44 ordenanzas municipales que prohíben el depósito de cenizas en sus territorios?, se le cuestionó.
“Sí”, afirmó el mandatario en Cabo Rojo, el más reciente pueblo que prohibió el depósito de cenizas mediante la aprobación unánime de una ordenanza municipal.
“El orden jurídico es la Constitución, las leyes, los reglamentos de las agencias y las ordenanzas municipales. Eso no es una determinación mía, yo no puedo variar eso. Una ordenanza municipal no va sobre un reglamento de una agencia gubernamental. Puede haber 43 o 78 (ordenanzas) pero, si van contra el reglamento de la agencia, o cambia el reglamento o el reglamento va a ir sobre ellas”, expuso.
En el operativo del martes pasado se desplegaron más de 100 policías, incluyendo la Unidad Motorizada y la Unidad de Operaciones Tácticas. Al preguntarle si cada vez que la AES vaya a depositar cenizas en Peñuelas se movilizará semejante cantidad de agentes, García Padilla, quien es comandante en jefe de la Policía, no fue preciso.
“Esa no es mi área, es el área del tribunal. Si el tribunal ordena a que la Policía haga algo, la Policía lo tiene que hacer. La pregunta es si yo voy a continuar haciéndolo, (pues) si el tribunal mantiene esa orden, la Policía tiene que hacerlo y hacerlo de la manera efectiva que el tribunal le ordena”, indicó el gobernador sin especificar qué instrucción dará el respecto.
Durante el operativo del martes, dos manifestantes fueron arrestados por supuesto desacato al tribunal, aunque luego se le radicaron cargos por obstrucción a la justicia que se cayeron con una determinación de “no causa” para arresto. En esa vista de Regla 6 en el Tribunal de Ponce ante la jueza Maranyeli Colón Requejo, el teniente coronel Carlos Miranda, segundo en mando de la Policía en Ponce, admitió que los cuatro camiones cargaban agremax (cenizas humedecidas), a pesar de que está prohibido por la JCA y por la misma orden judicial que generó el operativo policiaco. Al revelación de este testimonio la hicieron los abogados que defendieron a Jimmy Borrero Costas y a Nelson Pagán Hernández.
García Padilla aseguró que el superintendente de la Policía, José Caldero, investigaba si la Policía actuó contrario a la ley y que la JCA intentaría determinar si AES depositó un material que no debía.
“Lo que no puede AES es depositar cenizas ilegalmente allí o producto que no está permitido. Y eso le corresponde a las agencias hacerlo cumplir”, señaló García Padilla.
