El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, presentó querellas ante el Departamento de Justicia y la Oficina de la Contralor de Puerto Rico en contra de la alcaldesa de la Ciudad Señorial, María Meléndez Altieri, por supuestamente incurrir en violaciones de leyes y ordenanzas municipales al contratar personal no autorizado por una legislación local.
El legislador municipal explicó en un comunicado de prensa que los señalamientos son producto del análisis de las listas de nombramientos de empleados municipales para los años fiscales 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16 que le fueron entregadas por la administración municipal ponceña luego de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce.
“Estos nombramientos y contratos constituyeron una carga onerosa al erario y se hicieron en contra de las disposiciones de la ordenanza 75”, manifestó Irizarry Pabón.
El asambleísta explicó que la medida, aprobada luego de ponerse en vigor una reducción en la jornada de empleados del municipio sureño, impedía la creación de nuevos puestos regulares de carrera, transitorios, o irregulares o de confianza a menos que se cumpliera con excepciones establecidas en la misma.
A manera de ejemplo, el también galeno señaló que, en la Oficina del Administrador de la Ciudad, para el año fiscal 2014-2015, se creó el puesto de confianza de Ayudante Ejecutivo I, el cual no existía para el año fiscal 2013-2014. También mencionó que, en la misma oficina, para los años fiscales 2013-2014 y 2014-2015 se crearon dos puestos de Ayudante Ejecutivo III los cuales tampoco existían el año previo.
En las querellas también se acusa a la administración de Meléndez Altieri de que, contrario a lo dispuesto en la ordenanza 75, la cantidad de empleados de confianza sin reinstalación aumentó para el año fiscal 2014-2015 y que no se ha presentado evidencia documental sobre la necesidad para la contratación de estas plazas.
Por otra parte, alegó que las acciones antes mencionadas violaron el artículo 264 del Código Penal de 2012 que establece “que incurre en malversación de fondos públicos todo funcionario público que sea directa o directa o indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos públicos que, (…)(b) los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación; (…) (e) deje de guardar o desembolsar fondos públicos en la forma prescrita por ley..”.
“Las actuaciones de la alcaldesa Meléndez Altieri constituyen malversación de fondos públicos”, sentenció Irizarry Pabón, quien espera por una decisión del tribunal sobre su solicitud de reconsideración para que se ordene al municipio divulgar los nombres de los empleados contratados en supuesta violación de ley.
