Desde finales de 2014, un pleito entre un atleta y la Federación de Powerlifting de Puerto Rico se encuentra ante la consideración del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), cuya resolución juega un rol importante en un litigio legal que muy bien podría definir el futuro del organismo deportivo.
Tanto el pleito como la demanda civil en contra de la Federación fueron presentadas por el atleta de Adjuntas José Cabrera, quien alega que la agrupación actuó de manera “caprichosa y arbitraria” al sancionarlo en 2014 luego de que no se presentara a participar al Campeonato Regional de Norteamérica de Powerlifting que se celebró en Islas Vírgenes, pese a que había sido auspiciado por la entidad ya que formaba parte de la Selección Nacional.
“En este viaje la Federación optó, si mal no recuerdo, por un total de 11 atletas para conformar la Selección, cuya elección se realizó a través de los campeonatos nacionales realizados en la Isla. La participación de estos atletas fue auspiciada, lo que significa que la Federación incurrió en los gastos de pago de pasajes, estadía, inscripciones y hasta un estipendio de dieta de $25.00 diarios a cada uno de los integrantes. Cabrera fue uno de ellos”, explicó a Voces del Sur el presidente de la Federación de Powerlifting de Puerto Rico, Iván Cancel.
El problema fue que Cabrera nunca llegó a montarse en el avión para viajar a Islas Vírgenes para la competencia. De acuerdo al líder federativo el atleta de Adjuntas coordinó con otros integrantes de la Selección que iban a viajar desde Aguadilla para encontrarse en Arecibo y de ahí que le dieran un aventón hasta el aeropuerto de Isla Verde.
“Ese día los atletas que iban en la guagua, cinco en total, se detuvieron en el lugar acordado en Arecibo pero él (Cabrera) no estaba. Ellos lo llamaron, pero él no contestó por lo que esperaron casi dos horas hasta que tuvieron que seguir ya que si no perdían el vuelo. Tiempo más tarde él se comunica para preguntarles dónde estaban, pero ellos ya se encontraban cerca del peaje de Buchanan y le explicaron la situación y Cabrera se negó entonces a continuar al aeropuerto”, indicó Cancel, quien aseguró que la Federación tiene como prueba el registro de llamadas.
Tras el incidente se le solicitó al deportista que intentara obtener otro vuelo para que así pudiera participar de la competencia, pero este se negó, según Cancel.
“La sanción fue a través de la junta directiva de la Federación y se tomó de acuerdo a lo establecido en el reglamento, que determina que en caso de que el atleta viole un acuerdo para formar parte de la Selección debe ser suspendido por dos años, pero previo esto le enviamos una carta y le dimos la opción de que en vez de ser suspendido pagara la totalidad de los gastos incurridos para costear su participación en la competencia, en total $436.00”, detalló Cancel, quien resaltó el hecho de que como parte del proceso para integrarse a la Selección cadamiembro de firmar una declaración jurada.
Cabrera no pagó el dinero y tampoco estuvo de acuerdo con la suspensión de dos años.
“Él apela y dice que eso no fue su responsabilidad. Se le informa entonces que puede ir a la oficina de manejo de conflicto del DRD. Cabrera entonces busca un abogado y envía tres cartas al DRD, las que no fueron contestadas. Luego de eso, procede a entablar un interdicto y presenta una demanda por daño y perjuicio por un total de $50,000 en contra de la Federación”, narró el presidente del organismo.
Cancel relató que el reclamo llegó al Tribunal de Ponce, donde una jueza determinó que el interdicto debería pasar al DRD basado en la Ley Orgánica de la dependencia y decretó en una sentencia parcial que el caso se viera allí. Desde entonces la agencia gubernamental no ha resuelto la controversia.
“Personalmente le he dado seguimiento al caso y he visitado varias oficinas, incluyendo el departamento legal y la oficina de manejo de conflictos y ellos no han hecho nada. Estamos hablando de que desde octubre de 2014 cuando se presenta el caso lo han ignorado en su totalidad», dijo Cancel.
Con el pasar de los años, la situación ha empeorado para la Federación. La crisis fiscal por la que atraviesa el país provocó que perdieran los pocos fondos legislativos que recibían para su operación ya que ni el DRD ni el Comité Olímpico de Puerto Rico le brindan ayuda a la organización. La circunstancia en estos momentos es tan precaria que Cancel confiesa sin reparo que la Federación no tiene dinero para pagar asistencia legal, lo que representa un serio dilema ya que la demanda volvió a verse en un tribunal.
“Cuando se vuelve a ver el caso, ahora con otro juez, llevamos evidencia de los trámites realizados de búsqueda de un abogado a través de la Oficina de asistencia legal y la Escuela de Derecho en Ponce, donde nos negaron toda ayuda, pero aun así el juez dijo que estábamos en actitud de rebeldía ya que al estar la Federación incorporada necesitaba de representación legal”, continuó.
La demanda se verá mañana en la sala 602 del Tribunal del Ponce.
“Aunque el interdicto va a través de DRD, la demanda civil sí se verá en corte. Son dos cosas diferentes pero vinculadas. Si ya el DRD hubiera resuelto el caso a favor de la Federación la demanda sería ya algo académico ya que quedaría establecido que no hubo un proceso arbitrario y caprichoso, sino que por el contrario se llevó a cabo el proceso apropiado. Ahora, de ser adverso el veredicto en contra de la Federación, que no tiene bienes o activos, lo más probable es que quede disuelta”, sentenció Cancel.
Ante esta posibilidad, Cancel dijo desconocer el futuro de los seleccionados puertorriqueños en competencias nacionales de esta disciplina ya que aunque los deportistas continuarían con el aval de la Federación Internacional de Powerlifting no habría un organismo que seleccione a los representantes del país o que organice torneos para que pueden practicar esta disciplina.
