La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen Guerrero Pérez, se opuso ayer a un proyecto que legalizaría todas las casas y muelles privados situados en el agua y en terrenos de dominio público del poblado La Parguera, en Lajas.
Guerrero Pérez indicó en una vista pública que el Proyecto del Senado 1621, de la autoría de Antonio Fas Alzamora y Larry Seilhamer, privatizaría los bienes de dominio público en esa zona y recomendó que se solicite una consulta formal sobre el particular al Departamento de Justicia.
“Coincidimos en que el tema de las ocupaciones ilegales en la zona marítimo terrestre es uno que merece atención inmediata. No obstante, no favorecemos el P. del S. 1621, según redactado, por entender que el mismo es incompatible con la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre, los cuales le pertenecen a todo el pueblo de Puerto Rico”, expuso la planificadora en declaraciones escritas.
A través del Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo estas y la Zona Marítimo Terrestre, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) regula el uso de los bienes de dominio público. Una de sus tareas es otorgar concesiones, que son autorizaciones para darle usos privados a la ZMT, a cambio de un pago y por periodos de tiempo determinados.
Actualmente, muchas de las estructuras ubicadas en la ZMT en La Parguera –viviendas primarias o vacacionales- no cuentan con una concesión, por lo que su estatus es ilegal.
El P. del S. 1621 propone crear una zonificación especial turística para La Parguera, a pesar de que existe una desde 1978, y eliminar el carácter discrecional del DRNA en el otorgamiento de concesiones, obligándolo a hacerlo. Esto, para “garantizar la permanencia y no el desplazo de las residencias, muelles y estructuras existentes”, según los autores de la pieza, por la importancia turística y económica que estas casas y muelles revisten para el poblado.
La medida establece que a los dueños de estas estructuras se le otorgarían concesiones por términos renovables de 99 años, lo que a juicio de Guerrero Pérez “podría constituir una privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestre”.
“Otro de los elementos que genera preocupación al DRNA es que el proyecto presenta la posibilidad de que se hagan reparaciones de las estructuras actualmente construidas porque deja la puerta abierta para que se hagan restauraciones o reconstrucciones completas de las estructuras ilegales”, agregó la titular.
Guerrero Pérez sugirió que se evalúe el cobro de una penalidad por ocupación ilegal no autorizada y brindarle un periodo de tiempo “corto y no renovable” al dueño de la estructura para que la remueva de la ZMT. “La totalidad de ese canon debe ser depositado en un Fondo Especial de la Zona Marítimo Terrestre a favor del DRNA, el cual se utilice para los trabajos de delimitación, vigilancia, conservación y saneamiento de la zona marítimo-terrestre, así como de adaptación a los riesgos costeros y manejo de erosión costera”, recomendó.
No obstante, clarificó que de ninguna manera ese cargo “constituirá una legalización de la ocupación ni garantizará la permanencia de la estructura”.
Un acuerdo firmado en 1978 entre el gobierno puertorriqueño y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica disponía que se removería toda estructura abandonada, insegura o peligrosa de las aguas y manglares de La Parguera y que, al cabo de 12 años, se eliminar toda tenencia privada en la ribera. Eso no ocurrió y el P. del S. 1621 lo que haría sería cambiar esa política pública.
“Hoy, 38 años más tarde, resulta imperante que como país analicemos cómo vamos a atender las ocupaciones existentes en la zona marítimo terrestre; no solo exclusivamente para La Parguera, sino también a través de todo Puerto Rico, enmarcando las estrategias de manejo en el mandato constitucional de la más eficaz conservación de los recursos naturales y en el libre acceso a nuestras costas. Tomando en consideración lo mencionado, y según detallamos a continuación, nos preocupa de sobremanera el efecto que tendrían sobre nuestras costas las enmiendas propuestas por la presente medida legislativa según redactada y el precedente que se crearía de aprobarse la misma, pudiendo ser replicado de manera fragmentada para diversas partes de la Isla”, afirmó Guerrero Pérez, al insistir en la creación de una nueva Ley de Costas.
